Uno de cada cuatro contratos son iguales o inferiores a siete días

El peso total de los contratos indefinidos no llega al 7%

UGT denunció el pasado mes de octubre el aumento de los contratos de muy corta duración, iguales o inferiores a 7 días, durante los últimos años y demandó al Gobierno la información detallada sobre la utilización de estos contratos por parte de las empresas, para ver si corresponden a una causa justificada.

El 93% de los contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo tienen carácter temporal y de ellos, el 22,5%, es decir, uno de cada cuatro, son contratos de corta o muy corta duración que no llegan a los siete días.

La mayor parte de estos contratos son eventuales por circunstancia de la producción. Se firman para hombres y mujeres, en especial en edades comprendidas entre los 20 y los 50 años y se concentran fundamentalmente en el sector servicios (85%), aunque el ámbito de actuación es amplio, abarcando a profesiones de mayor formación.

El Secretario de Acción Sindical del sindicato, Toni Ferrer, durante la presentación, subrayó durante la presentación que se trata de un fenómeno que viene de lejos y recordó que, a principios de los años 90, los sindicatos ya denunciaron este tipo de prácticas y la Seguridad Social impuso una sobrecotización de un 36% a las empresas que utilizasen estos contratos -excepto a los contratos de interinidad y a las actividades agrarias-.

“Esto sigue vigente” explicó. “La Seguridad Social ya denunció en el año 2010 que muchas empresas estaban utilizando este tipo de contratación sin pagar el sobrecoste. Por ello, hemos pedido al Gobierno información detallada sobre la utilización de estos contratos y que nos explique qué ingresos ha habido en el sistema por esa sobrecotización”.

“Se trata de contratos que dañan al trabajador por su precariedad” –señaló- “pero además influyen en la seguridad y salud en el trabajo, en la conciliación y tienen efectos en las empresas, ya que no mejoran la productividad ni aportan valor añadido. Eso sin contar con que son un factor de competencia desleal”.

“Estas prácticas están enraizadas en el abuso y el fraude, por ello sería necesario que la Tesorería haga un seguimiento para comprobar si efectivamente se efectúan los ingresos extras por parte de las empresas que utilizan esta contratación o no están pagando y aumentar los medios para la vigilancia y el control, por parte de la Inspección de Trabajo, para comprobar si los contratos de menos de 7 días obedecen a causa justificada o se está haciendo fraude”.

La Unión General de Trabajadores considera que es necesario aumentar las sanciones por fraude y penalizar el uso injustificado de estos contratos para aquellas empresas que, de manera habitual y reincidente, utilicen sin justificación estos contratos, y ampliar el ámbito de aplicación del sobrecoste para las empresas a los contratos indefinidos, ya que muchos terminan en el periodo de prueba, que son esos 7 días.

El Gobierno y los empresarios no pueden defender este tipo de prácticas, que son negativas para todos, para el sistema público, para las empresas y para los trabajadores. “Es urgente y necesario abrir un periodo de negociaciones con el Gobierno, que ya estaba comprometido en el acuerdo tripartito de julio de 2014, y aún no se ha desarrollado”, concluyó Ferrer.

Infografía de contrato de siete días

 

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