Más vigilancia, inversión y desarrollo normativo en materia de prevención de riesgos laborales

20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) trajo cambios positivos a la gestión de los riesgos inherentes al trabajo y supuso un punto de inflexión cultural, tanto entre los agentes implicados como en la sociedad en general. Se pasa de un enfoque reactivo, en el que era habitual la reparación del daño una vez producido, a un enfoque preventivo, en el que se contemplan no sólo los riesgos físicos del trabajo, sino también los mentales.

A partir de su promulgación se produce un gran desarrollo normativo, se desarrollan planes de acción como las Estrategias de Seguridad y Salud -tanto nacionales como autonómicos-, se incrementa la formación y la información de calidad y aumenta notablemente la sensibilización y la participación de trabajadores y agentes sociales en el ámbito de la prevención.

Desde su puesta en marcha, se observa una tendencia decreciente de las cifras de siniestralidad laboral y se avanza en el reconocimiento de las enfermedades profesionales.

Esta tendencia se rompe en los últimos años de crisis, en los que estamos asistiendo a un repunte de los accidentes de trabajo y un aumento de los riesgos psicosociales, provocado por los altos ritmos de trabajo, el tipo de empleo que se crea (cada vez más temporal, precario y parcial) y la ausencia de una cultura preventiva de calado en las empresas.

De enero a agosto, han fallecido en España 386 trabajadores, 15 más que en el mismo periodo de 2014, un dato alarmante que implica que cada día fallecen 2 trabajadores en nuestro país.

Además, a partir de 2008, los accidentes sin baja son más numerosos que los que causan baja al trabajador. Esto ha provocado que la duración de las bajas aumente ya que corresponden a accidentes más serios.

Es evidente que queda mucho por hacer. De hecho, según la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos Laborales en las empresas 2014, los factores motivadores para abordar la gestión de los riesgos laborales en los centros de trabajo son el cumplimiento de la norma y evitar la multa o sanción en el caso de incumplimiento, de manera que se puede decir que la prevención en España es formal y no real.

La misma encuesta revela las dificultades de los gestores de las empresas a la hora de abordar cuestiones como los trastornos musculo esqueléticos (primera causa de baja en España) o los riesgos psicosociales (que son cada vez más comunes), pero además, refleja que el 78% de los centros de trabajo recurre a un servicio de prevención ajeno, una externalización de servicios que no puede traer nada bueno.

Por eso, en el 20º Aniversario de la Ley, la Unión General de Trabajadores destaca que es necesario establecer normativamente criterios objetivos para la calificación de los accidentes de trabajo y quiere señalar que, aunque se ha avanzado en el reconocimiento de las enfermedades profesionales, hoy en día estamos presenciando un retroceso hasta niveles de 1999, de manera que hay que hacer aflorar las ocultas e implementar el cuadro español de enfermedades con la lista revisada y aprobada por la OIT el pasado 25 de marzo de 2010 e incorporar nuevas patologías como por ejemplo los cánceres de origen laboral.

El sindicato apuesta, entre otras cosas, por aumentar el control e incrementar las actuaciones en materia de prevención por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social así como aumentar la inversión en I+D+i e impulsar desde la educación primaria, (manteniéndola a lo largo de la vida), la sensibilización en este ámbito y mejorar las fuentes de información para permitir una mejor identificación de colectivos, actividades y empresas con riesgo de enfermedad profesional.

Y considera fundamental el desarrollo de actuaciones dirigidas a los colectivos más vulnerables, como son los jóvenes, trabajadores temporales, trabajadores de mayor edad, embarazadas, personal especialmente sensible y prestar una mayor atención a la situación de autónomos, trabajadores de pymes y subcontratas ya que la descentralización productiva está cada vez más extendida.

Asimismo, UGT mantiene que medidas como hacer públicas las sanciones por infracciones muy graves, (algo previsto por la ley pero que no se está llevando a cabo), potenciar las actuaciones de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales o desarrollar una mayor coordinación entre las diferentes administraciones públicas, para mejorar la implantación de la normativa actual y la respuesta ante situaciones de riesgo, serían formas de mejorar una Ley que ha sido, y es, tan importante para los trabajadores de nuestro país.

 

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