La violencia de género, una lacra social que no cesa

El Gobierno ha recortado en cinco millones de euros el presupuesto de esta partida durante la legislatura

El 35% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia de género en algún momento de su vida y un 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, la Unión General de Trabajadores quiere denunciar esta lacra social en todas las movilizaciones convocadas en nuestro país, que produce graves problemas de salud para las mujeres y disminuyen su capacidad para participar en la vida pública.

España es un país pionero en la lucha contra este tipo de violencia. Sin embargo, en lugar de aumentar sus recursos para acabar con ella, el Gobierno del Partido Popular ha reducido en 5 millones de euros el presupuesto durante esta legislatura, lo que dificulta el cumplimiento de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Unos presupuestos que han desoído por completo las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, que aconsejaban al Ejecutivo de nuestro país hacer esfuerzos especiales para que se respeten los derechos de las mujeres.

En nuestro país apenas se han desarrollado políticas de prevención contra la violencia de género. Mientras, el número de mujeres asesinadas cada año se mantiene casi invariable (54 en 2014 y 2013, y 52 en 2012), y se incrementan las denuncias año a año.

La violencia contra las mujeres supone una clara violación de los derechos humanos pero, paradójicamente, no hay una norma legal mundial que aborde adecuadamente esta situación, que también tiene su reflejo en el ámbito laboral.

En ese sentido, UGT y CCOO hemos exigido al Gobierno de nuestro país que apoye la elaboración y desarrollo de una norma en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tenga como objetivo, entre otros, prevenir la violencia de género en el trabajo y apoyar a las víctimas, garantizándoles derechos laborales y sociales.

Además, ambas organizaciones consideran imprescindible introducir en la negociación colectiva garantías de protección laboral para las víctimas, como apoyo psicológico, médico o jurídico; negociar protocolos de actuación y medidas de protección específicas de los derechos laborales para estas trabajadoras; o establecer canales de colaboración con las administraciones públicas y los interlocutores sociales para mejorar la difusión de las políticas dirigidas a las víctimas de violencia de género, entre otras medidas.

Solo con la ayuda y compromiso de todos se podrá erradicar de manera definitiva esta lacra social.

 

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