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¿Se normalizan las relaciones laborales con el III AENC?


Toni Ferrer, Secretario de Acción Sindical de UGT

El III Acuerdo para el Empleo y la Negociación colectiva (III AENC) es la culminación de meses de negociación y de esfuerzo desarrollados dentro de un marco económico y laboral no exento de dificultades.

El modelo de relaciones laborales como consecuencia de la reforma laboral, impuesta por el Gobierno en febrero de 2012, ha quedado gravemente dañado ya que la posición ventajosa que se ha otorgado a las empresas provoca tal asimetría entre las partes que está produciendo la pérdida de interés empresarial por negociar, situación que conduce al conflicto. Un hecho, como es lógico, presente en las negociaciones del AENC.

Por otra parte, el comienzo de un cambio de ciclo económico en el que se ha abandonado la recesión para entrar en una fase de crecimiento, ha requerido actualizar el tratamiento de algunas materias en este III AENC, obligando a desplegar más esfuerzo que si se tratara simplemente de prorrogar lo ya pactado en el anterior.

La innegable importancia del III AENC

Varias razones avalan la trascendencia de este III AENC.


  • Es fruto del Diálogo Social Bipartito porque como dice el propio acuerdo “el Diálogo Social y la negociación colectiva son los métodos de trabajo más apropiados para el buen funcionamiento del sistema de relaciones laborales en todos los niveles y para abordar reformas, cambios y adaptaciones en los sectores productivos y las empresas”.
  • Es un acuerdo por y para el empleo, como no podía ser de otra forma con los más de cuatro millones de parados que todavía tenemos en España. El III AENC contiene una nueva estrategia para lograr la recuperación económica basada en la MEJORA DE LOS SALARIOS, a fin de activar la demanda y la inversión hacia el crecimiento del empleo. Reducir el paro es un imperativo económico y social, y una prioridad absoluta para UGT. Por ello, el eje sobre el que gira este III AENC es el empleo y con ese objetivo se dirige a establecer las mejores condiciones en las empresas para propiciar una mayor creación de empleo. Pero no de cualquiera sino de empleo productivo, seguro, estable y con derechos, es decir empleo de calidad.
  • Es una clara apuesta por reforzar la negociación colectiva, sobre todo la de ámbito sectorial.
  • Reafirma la autonomía de los protagonistas de la negociación, empresas y trabajadores, para determinar, a partir del consenso, las mejores condiciones laborales adaptadas a cada ámbito productivo.
  • Genera un marco estable para el buen desenvolvimiento de las relaciones laborales
  • Tiene carácter obligacional para las organizaciones firmantes. No son meras recomendaciones, sino compromisos ciertos, compatibles con la autonomía de los negociadores de cada ámbito.

Y en cuanto a las materias, buena parte de las que conforman los convenios colectivos cuenta con criterios en este III AENC para abordar su tratamiento (condiciones de trabajo, movilidad funcional, tiempo de trabajo, inaplicación de convenios, ultraactividad, modalidades de contratación, política salarial,…).

Una completa normalización de las relaciones laborales pasa por la derogación de la reforma laboral

Pero, si cabe, destaca aún más porque representa una apuesta conjunta, empresarial y sindical, por el Diálogo Social y la autonomía colectiva en cuanto la mejor forma de afrontar los problemas y buscar puntos de vista comunes, partiendo de la necesidad de superponer los intereses generales sobre los particulares.

Esta idea necesita revalidarse después de una etapa, coincidente con la crisis económica y financiera, en la que se han aplicado políticas tan regresivas que han socavado los derechos laborales y sociales y profundizado en los problemas de desigualdad, pobreza y descohesión en nuestro país, a través de una serie de medidas legislativas impuestas que afectan a elementos esenciales de esas relaciones, a los propios cimientos de nuestro sistema de negociación colectiva.

No olvidemos que esas medidas se impusieron no sólo sin el consenso de los interlocutores sociales sino en contra de lo pactado por ellos.

Así, escasos días después de que firmáramos el II Acuerdo sobre el Empleo y la Negociación Colectiva para el período 2012-2014 (II AENC) –en el que establecíamos un escenario de moderación salarial y de beneficios distribuidos, al tiempo que una necesaria vigilancia de los precios de los bienes y servicios esenciales-, el Gobierno aprobó la reforma laboral más dura y demoledora de la democracia a golpe de Real Decreto Ley, demostrando el más absoluto desprecio a la autonomía colectiva y a lo pactado en el II AENC.

Y si ese hecho marcó la existencia misma del II AENC, ahora el III AENC debe asentarse en un momento bien distinto: el de la derogación de esa reforma (totalmente desequilibrada, injusta y lesiva para los trabajadores, que impide el normal funcionamiento de las relaciones laborales y plantea numerosos conflictos e inseguridad jurídica), algo que resulta apremiante en materias tales como la ultraactividad de los convenios o el descuelgue de condiciones de trabajo, así como para recuperar la capacidad autónoma de los interlocutores sociales en la articulación de la negociación colectiva desde los ámbitos sectoriales.



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Diálogo y Consenso, una forma de gobernar

Frederic Monell, Secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT

Muchas veces se utilizan las palabras diálogo y consenso para expresar una manera, y quizás una intención, de abordar la gestión de asuntos colectivos, generalmente públicos o ciudadanos, por parte de quienes tienen la responsabilidad de dirigir esa gestión o por los que son receptores de la misma.

A veces también, quizá demasiadas, estas expresiones parecen o son exclusivamente retóricas.
Pero si hablamos de gobernar, entonces es necesario ver no sólo su significado específico sino establecer su concreción, sus límites y el marco en el que deben ser utilizados para dicha gobernación.

Ha sido la discrecionalidad abusiva la que ha impedido el debate y el diálogo y finalmente hecho imposible el consenso

El artículo 1.1 de la Constitución 1978 establece que: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Además de otros artículos de la CE que hablan específicamente de ello, éste incorpora la idea de participación. En este sentido diálogo y participación van unidos. Es decir, en España, el gobierno de los asuntos públicos y del interés general hay que hacerlo de acuerdo con el mandato constitucional, con diálogo y con la participación de los distintos actores legitimados para ello.

Pues bien, está acabando en nuestro país la X Legislatura y el mandato de un gobierno que no se ha caracterizado precisamente ni por el Diálogo y el consenso con los grupos parlamentarios, especialmente en la tramitación de leyes muy relevantes para la sociedad y el sistema institucional, ni por el Diálogo con otros actores legitimados para ello y que también gozan de relevancia y función constitucional como son los sindicatos (arts. 7, 9.2 129 y 131 CE).

Las decisiones legales de un gobierno necesitan además de mecanismos de legitimación social.

La mayoría absoluta de la que ha gozado le ha permitido producir más del 35% de las iniciativas legislativas que ha impulsado a través de RDL y por trámite de urgencia y con muchas dificultades para poder justificar su uso en atención a una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Más bien ha sido la discrecionalidad abusiva la que ha impedido el debate y el diálogo y finalmente hecho imposible el consenso.

Tampoco ha considerado importante el Diálogo Social. Ha impuesto reformas en las relaciones de trabajo sin diálogo ni consenso, que han hecho saltar por los aires los equilibrios construidos en décadas de trabajo arduo, no siempre con acuerdos y a veces con conflictos, en la construcción de un sistema que interviene en el ejercicio de los derechos laborales y en la distribución de la renta de millones de ciudadanos a través de la negociación colectiva.

La reforma laboral de 2012 es la norma de referencia para la consecución de tal desaguisado.
Y así se lo han dicho organismos internacionales como la OIT, el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplimiento de la Carta Social Europea, y se lo están diciendo también y, cada vez más, jueces españoles a través de sus sentencias – por ejemplo, fallando contra el contrato de emprendedores que incorpora esta reforma de 2012 -.

Estos ejemplos y otros, ponen de manifiesto que las decisiones legales de un gobierno necesitan además mecanismos de legitimación social. La gobernanza y el buen gobierno lo hacen imprescindible.

El Estado social y democrático no van desvinculados del Estado de Derecho. La CE los pone a los tres juntos y en relación entre ellos. La calidad de nuestra democracia empeora cuando no se tienen en cuenta estos principios.

La desafección ciudadana no ha parado de crecer; y el vínculo entre ciudadanía y política se ha descompuesto y debilitado de manera preocupante.

En este contexto, la desafección ciudadana no ha parado de crecer; y el vínculo entre ciudadanía y política se ha descompuesto y debilitado de manera preocupante.

Por ello, en la perspectiva de un inminente proceso electoral, no estaría de más que los partidos políticos que concurren en él, se plantearan propuestas para mejorar nuestra democracia, sus mecanismos de participación, la rendición de cuentas, entre otros aspectos. Pero no sólo a través de cambios normativos sino también a través de cambios en los comportamientos y en la manera de gobernar y gestionar los asuntos públicos.

Fomentar la cultura del pacto frente a las imposiciones. Restituir la práctica del Diálogo, tanto a nivel político, como con los actores sociales, así como establecer la búsqueda de consensos como objetivos para lograr equilibrios, deberían ser principios con los que moverse, porque son buenos en sí mismos y porqué la Constitución, que tanto defienden algunos lo inspira.